La decisión es por irregularidades durante sus Administraciones.
Por faltas disciplinarias, los alcaldes de San Antonio del Palmito, Tadó, y los ex mandatarios de los municipios de Barichara, Pandi y Calima el Darién, serán destituidos para ejercer funciones públicas.
Dentro de las destituciones más fuertes de alcaldes se encuentra la del mandatario de Tadó (Chocó), Aulio César Ledezma Copete, quien fue inhabilitado durante 12 años por inscribirse y ejercer como alcalde del mencionado municipio entre los años 2008 y 2011, aún cuando se encontraba inhabilitado.
Otro de los alcaldes destituidos es Nayro Hernández Passos, mandatario de San Antonio del Palmito (Sucre), quien fue inhabilitado por 10 años.
Según el ministerio público, el alcalde autorizó el pago de 50 subsidios educativos a estudiantes del nivel superior por un valor que superó los 22 millones, pese a que dentro del Sistema General de Participaciones -Calidad Educativa, la ley establece que el dinero se debía utilizar prioritariamente para los estudiantes de etapa preescolar, primaria, secundaria y media.
La Procuraduría también efectuó dos fallos disciplinarios por irregularidades en la contratación. El ex alcalde de Barichara (Santander), Guillermo Bautista Silva, recibió una suspensión de 13 años porque omitió el proceso de licitación en la celebración de tres contratos con la firma Ferretería Construmart que involucraron 82 millones de pesos.
El otro caso de suspensión por líos en la contratación, está relacionado con el ex alcalde del municipio de Pandi (Cundinamarca), sancionado por 11 años por las irregularidades en los procesos de contratación durante su administración en el año 2007, ya que como alcalde, suscribió la orden de prestación de servicios para un proyecto cultural y agropecuario. Según el Ministerio Público, con su conducta incurrió en una falta disciplinaria.
La sanción más corta la recibió el ex alcalde de Calima El Darién del departamento del Valle del Cauca. Gustavo Adolfo Llorente fue inhabilitado por 12 meses, ya que la Procuraduría detectó que el ex funcionario no incorporó más de 134 millones de pesos a las arcas municipales por el recaudo de un dinero que le debía a la administración la Caja de Compensación Familiar Comfandi.
